La indefensión de los propietarios y la okupación de la vivienda infinita
Paralizada una iniciativa del PP de endurecimiento de la respuesta frente a la ocupación ilegal mediante diversas modificaciones legislativas
La falta de protección de la propiedad privada vuelve a situarse en el centro del debate político. La Plataforma de Afectados por la Okupación e Inquiokupación (PAO) denuncia que dos iniciativas legislativas destinadas a endurecer la respuesta frente a la ocupación ilegal permanecen bloqueadas desde hace más de un año en el Congreso de los Diputados debido a la continua ampliación del plazo para presentar enmiendas. A juicio del colectivo, esta situación mantiene sin respuesta a miles de propietarios y retrasa la adopción de medidas que consideran urgentes.
La PAO denuncia un bloqueo parlamentario prolongado
La organización sostiene que las sucesivas ampliaciones de los plazos de enmiendas han terminado por convertirse en un mecanismo que impide el avance de ambas proposiciones de ley. Según sus cálculos, los dos textos acumulan 139 prórrogas consecutivas, una circunstancia que califican de "parálisis parlamentaria" y que, en su opinión, impide que el Pleno pueda debatir y votar unas reformas que afectan directamente a la defensa de la propiedad privada.
La plataforma atribuye esta situación a las decisiones adoptadas por la Mesa del Congreso, presidida por Francina Armengol, y considera que el uso reiterado de este procedimiento está retrasando indefinidamente la tramitación de iniciativas ya admitidas a trámite.
Dos reformas pendientes para acelerar los desalojos
La proposición que lleva más tiempo pendiente fue impulsada por el Partido Popular y obtuvo el respaldo del Senado a comienzos de 2024. Desde entonces permanece en el Congreso sin avanzar en su tramitación.
El texto plantea un endurecimiento de la respuesta frente a la ocupación ilegal mediante diversas modificaciones legislativas. Entre ellas figuran la posibilidad de desalojar inmuebles ocupados en un plazo de 24 horas, impedir el empadronamiento de los ocupantes ilegales, aumentar las penas previstas para determinados delitos de usurpación y ampliar la responsabilidad penal a conductas preparatorias como la conspiración o la provocación.
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